La ley del aborto necesita una actualización

Bernat Soria resalta en su primera entrevista tras la toma de posesión que su gran prioridad para este mandato es "un gran pacto por la sanidad" con las comunidades autónomas para sacar al sistema nacional de salud de la refriega política J. E. MUNERA. ALICANTE. Bernat Soria Escoms (Carlet, Valencia, 1951) compareció la semana pasada en el Congreso para explicar los grandes ejes de actuación del Gobierno en Sanidad y Consumo para los próximos cuatro años. En su primera entrevista desde su toma de posesión, el ministro admite que la ley del aborto necesita una actualización, al tiempo que reclama el máximo consenso y serenidad posibles para debatir el alcance de esa reforma legal.

-Usted ha propuesto hace unos días la creación de un grupo de expertos para debatir la posible reforma de la ley del aborto, ¿estamos ante el primer paso para una ampliación?
-Lo primero que vamos a hacer ya, y sin modificar la ley, es un decreto que garantice la confidencialidad e intimidad del proceso, la calidad de la prestación y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Es probable, no hay que descartar, que la ley necesite una actualización, pero como se trata de un tema muy sensible, el camino tiene que ser generar un consenso basado en un análisis médico, ético y social, y que ese proceso nos lleve a concluir si necesitamos o no cambiar determinados aspectos de la ley o hacerla nueva. En éste y en otros temas la sociedad española es madura, moderna y está capacitada para reflexionar sobre cualquier punto, pero algunos temas, como el del aborto, no se pueden simplificar diciendo: ley de plazos, sí o no, por ejemplo.

-En cuanto a la eutanasia, usted no es partidario de cambios legales, sino de "universalizar los cuidados paliativos".
-Ésa es una palabra que significa cosas distintas para la gente y por eso hay que ser muy cuidadoso en su utilización. Ya me posicioné antes de las elecciones y me mantengo. Hay varias situaciones: una de ellas es el derecho a morir dignamente, sin dolor, que es algo perfectamente legal en este país. Y lo que estamos haciendo ya es trabajar para que se extiendan los cuidados paliativos, se universalicen y apliquen en todas las comunidades autónomas. Eso significa garantizar a la gente que va a morir dignamente y sin sufrimiento. En segundo lugar, hay otra opción que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que es el caso reciente de una señora de Granada, Inmaculada Echevarría, una mujer con una distrofia muscular, una parálisis total; incapaz ella de desconectarse, por tanto alguien tenía que desconectar el respirador, y ella tenía derecho porque los pacientes tienen derecho a decir: no quiero recibir un determinado tratamiento, y eso es limitar el esfuerzo terapéutico, incluso a veces limitar el ensañamiento terapéutico. Eso es perfectamente legítimo y posiblemente necesite un marco regulador que no sea una ley, pero está dentro de la norma. Y, un paso más lejos, en esa palabra también se incluye algo que legalmente es el suicidio asistido, es decir, el caso de Sampedro, y ese caso está más en el ámbito de la justicia que en el de la sanidad. Es un tema que hay que preguntarle al ministro de Justicia.

-Sobre la ley antitabaco, hay comunidades que flexibilizan su aplicación y rebajan las exigencias de la norma.
-Hay unas comunidades con una mayoría a favor de que la ley sea más estricta, que van hacia la prohibición total; otras que buscan flexibilizar la ley, e incluso otras donde no se inspecciona ni controla. La inspección y la sanción competen a las comunidades y si una no realiza inspecciones e incluso avisa de que no va a mandar inspectores, al final lo que ocurre es que la ley no se cumple. A este tema le tenemos que quitar el color político. Cada día estamos más cerca de una directiva europea que será de obligada transposición, con lo cual en toda Europa las cosas van hacia ahí. Pero cambiar una ley con dos años de vigencia, aunque ya nos parezca obsoleta, no creo que sea lo pertinente, hay muchas formas de trabajar.

-La falta de médicos especialistas en el país ya ha llevado a comunidades como Cataluña a pedir la homologación de títulos para profesionales extranjeros. ¿Es ésta la solución?
-Ése es el artículo 18 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que permite la homologación de un título de especialista con efectos profesionales pero sin efectos académicos. Eso permitiría incorporar profesionales cualificados y dejar en paralelo el proceso de homologación académica, que suele ser bastante lento y tarda unos dos o tres años. Eso es una medida de urgencia, no es la solución. Es una medida puntual en todas las comunidades, y especialmente en las que tienen un componente turístico alto. Se enfrentan al verano y tienen que hacer compatible el derecho a las vacaciones de sus profesionales con unas necesidades que incluso pueden aumentar. Las necesidades profesionales las vamos a arreglar de forma más definitiva. En primer lugar, algo que voy a tener antes de fin de año, porque está muy adelantado, es un estudio sobre las necesidades para los próximos 20 o 30 años, y no sólo de médicos, sino de todas la profesiones sanitarias: enfermería, podología, estomatología,... Y además, clasificadas por especialidades y con un cronograma porque quiero saber cuántos pediatras puedo necesitar en el año 2020, cuántos traumatólogos, cuántos médicos de primaria,... Con esa previsión es con lo que podemos ir a los órganos competentes en la formación y decirles los médicos o graduados en enfermería que necesitamos. El siguiente paso es quién da la formación de pre grado, porque la de post grado sí que es competencia del Ministerio de Sanidad.

-Una de sus propuestas más novedosas para estos cuatro años es la creación de un biobanco nacional con muestras biológicas representativas de la población. ¿En qué consistirá?
-En los próximos meses presentaré los resultados de un primer análisis sobre cómo está la salud de los españoles territorializado por autonomías, por patologías,... Un seguimiento de cómo va la salud de los ciudadanos. La idea es que esa encuesta tenga una muestra bien recogida de datos biológicos, lo cual puede ser extraordinariamente informativo porque, al mismo tiempo que tenemos información sobre el estado de salud global de la población, también la tenemos sobre salud y cambios medioambientales, salud y cambio climático, y tener muestras biológicas en ese banco permite diseñar estrategias de salud pública para el futuro correctamente. El hecho de que sea un estudio pionero a nivel mundial es razonable; al fin y al cabo, España es un país líder en el mundo. En economía somos la octava potencia, pero en salud hay quien piensa que somos la primera.

-En la última encuesta del CIS los ciudadanos le puntúan con un 4,81. ¿Qué le parece?
-No creo que se base en eso el diseño de nuestro trabajo. Conozco al Consejo de Ministros por dentro, veo cómo trabajan mis compañeras y compañeros y, desde luego, ni el trabajo ni la eficacia, viendo los resultados, se reflejan en esas puntuaciones. Ahora, yo respeto lo que el ciudadano piense en un momento determinado. Suelen ser fotografías momentáneas de una situación.

-¿Cuáles son sus grandes prioridades para este mandato?
-La principal es un pacto por la sanidad. Tenemos un sistema nacional de salud que es uno de los mejores del mundo y que es patrimonio de los ciudadanos españoles. El nivel de satisfacción de la gente con este sistema es cercano al 70 por cien. Eso para un servicio público es un éxito, lo que no quiere decir que no sea mejorable, pero es un patrimonio que va mucho más allá de la asistencia sanitaria, son muchas cosas más. Es el principal empleador del país, genera un empleo de calidad y no deslocalizable a más de un millón doscientos mil trabajadores. Por otra parte, permite que los ciudadanos asuman otros riesgos. Hoy en día no ocurre lo que mi abuela decía: procura ahorrar porque de mayor puedes necesitar ese dinero para una operación. Ahora la gente dispone de más calidad y recursos para hacer otras cosas. Es un sistema que genera riqueza porque se hace muy buena investigación.